Ayacucho: Lecciones que aprender

Jans Erik Cavero Cárdenas

Recientemente, dos lamentables sucesos han enlutado al departamento de Ayacucho: La emboscada de dos patrullas militares en el VRAE y la caída de un puente colgante en Cora Cora mientras transitaban escolares. La pérdida de 24 vidas humanas trae a colación las siguientes interrogantes: ¿Por qué siempre los más desprotegidos?; ¿por qué siempre se actúa a posteriori, cuando los hechos ya se han consumado?; ¿es imposible anticiparse a los acontecimientos?; ¿los sucesos cotidianos son siempre imprevisibles?

Los gobiernos están hechos para gobernar. Su tarea es gestionar a través de políticas públicas el bienestar, la seguridad, educación y salud de sus ciudadanos. Ciertamente no todo acontecimiento se puede prever con antelación, pero hay supuestos previsibles que demandan actuaciones gubernamentales oportunas. A pesar de tales supuestos, la respuesta de algunos gobiernos se traduce en inacción e indiferencia. Lo peor de todo es que sucesos que saben a hiel no se asumen como lección sino como algo fortuito.

Lo del VRAE es algo previsible desde hace varios años. Después de que el Valle del Huallaga perdió hegemonía geoestratégica, narcotraficantes y terroristas se han asentado en VRAE, cuya ventaja no sólo radica en la presencia de zonas inhóspitas (Vizcatán por ejemplo), sino en la multiplicidad de lugares para desarrollar acciones y lograr objetivos estratégicos insanos. Se han suscitado emboscadas en Tintaypunco (Huancavelica) y en Ayahuanco (Ayacucho). Podrían suscitarse emboscadas posteriores en Pangoa (Junín); Pichari o Quimbiri (Cusco); Sivia, Llochegua, Santa Rosa o San Francisco (Ayacucho).

Frente a tal desbordamiento, la respuesta del gobierno ha sido simplista, inefectiva e improvisada: Sangre y fuego contra los narcoterroristas. Está demostrado que el empleo de las armas no es el mejor instrumento para acabar con este flagelo. Colombia no puede derrotar a las FARC y al narcotráfico por su ceguera confianza en el “Plan Colombia”; la política antiterrorista de Estados Unidos en Irak y Afganistán es un fracaso evidente.

Urgen medidas mejor pensadas, basadas en inteligencia y contrainteligencia, gracias a las cuales, por ejemplo, España y Francia están ganándole la batalla a ETA. A ello se suman medidas coordinadas y planificadas por diferentes sectores gubernamentales, cuyo seno albergue especialistas y expertos reputados. Por el contrario, Ántero Flores Araoz y Mercedes Cabanillas son inimputables para el cargo que ostentan. Para ellos, la solución al problema radica en el aumento de contingentes militares, la declaratoria de emergencia, el establecimiento de medidas represoras, la fumigación indiscriminada de cultivos de hoja de coca, o el ingreso de tropas extranjeras a la zona.

En lo que respecta a la tragedia de Cora Cora, la responsabilidad es solidaria entre el gobierno nacional y el gobierno regional. La oficina desconcentrada del Ministerio de Transportes en Ayacucho está pintada, y el presidente del gobierno regional, Ernesto Molina, es incapaz de liderar la dirección regional de transportes y ejecutar políticas públicas de este y otros sectores. Su reciente dedicación apadrinando “Pascua de Resurrección”, encumbran a Molina como competente para estas faenas, no así para dirigir tareas gubernamentales.

El Ministerio de Transportes debería tener un inventario de puentes colgantes y puentes ordinarios transitados en la actualidad. No sólo el departamento de Ayacucho tiene puentes de esta naturaleza. Pensemos en Cusco, Huancavelica, Apurímac, por citar algunos casos de entre las múltiples jurisdicciones rurales que tiene la sierra del país. Ciertamente, no sólo se trata de tener un registro de ubicación, sino de mantenimiento y mejora, de carga tolerable, de estado situacional, y de control.

En la “Panamericana Sur” existe un peaje de control de carga máxima para grandes unidades de transporte, sin embargo, no existe ninguna garita similar a lo largo de toda la “Vía Libertadores”, desde San Clemente (Pisco) hasta Huamanga. Ello es preocupante porque transitan diariamente camiones de gran tonelaje, no siendo extraño que alguno de los puentes -de los varios que tiene la vía- colapse, sobretodo aquellos que están en las proximidades de Huaytará (Huancavelica), zona de fallas geológicas.

Se han perdido vidas humanas inocentes. El “Plan VRAE” no existe ni en el papel, como bien argumentó Ricardo Soberón. El Parlamento debería pasar de la retórica a la acción, de la estación de preguntas a la censura del ministro de defensa. En países desarrollados, con Estados democráticos sólidos, la muerte de una persona, por acontecimientos previsibles y omisión gubernamental, haría caer al ministro del sector. Aquí no pasa nada. Borrón y cuenta nueva.

PRONUNCIAMIENTO

A mediados de marzo se dictará sentencia en el Juicio contra Alberto Fujimori por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, constituyendo un hecho sin precedentes en la historia del Perú juzgar a un ex presidente que tras una dictadura encubierta, caracterizada por la corrupción y el control de todos los poderes del Estado se fugó del país y a quien finalmente después de muchos esfuerzos se logró extraditar.

Un juicio que después de 17 años de larga espera, miedo, persecución, lucha y tenacidad, por parte de los familiares y de los activistas de los DDHH esta a punto de culminar.

En este contexto la Plataforma Q’atary Perú se dirige a la comunidad peruana e internacional para expresar lo siguiente:

1. Nuestro recuerdo a las víctimas y solidaridad con los familiares y sobrevivientes quienes esperan como mínimo una reparación moral y una sanción ejemplar que les devuelva la confianza en la justicia peruana.

2. Ante Gobernantes que de manera sistemática vulneran los derechos humanos empleando políticas criminales (asesinatos, desapariciones, torturas, operativos psicosociales, etc) los ciudadanos no debemos ser indiferentes ni permisivos. El poder que otorgamos con nuestro voto no es un cheque en blanco, hemos de vigilar y censurar sin contemplaciones cualquier acción amparada por “políticas exitosas” que vulnere los derechos humanos.

3. Reivindicamos el papel de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que es un legado para nosotros y las futuras generaciones, para tomar conciencia de lo que paso y por qué pasó en esta etapa de violencia que nos tocó vivir y que nos permita construir un país con equidad y justicia social.

4. Exigimos una sentencia firme y justa que contribuya a recuperar la confianza en las relaciones entre peruanos y en nuestras instituciones tan duramente dañadas, devolviendo la credibilidad en los poderes políticos, en el sistema judicial y en la democracia.

PRONUNCIAMIENTO

En un contexto de crisis política, el gobierno peruano aprobó el Decreto Supremo Nº 024-2008-DE, por el que declara de necesidad pública el desarrollo de la actividad minera en la zona de la frontera norte, autorizando al Consorcio Chino Zijin la adquisición de 35 concesiones mineras de las empresas Río Blanco Cooper y Mayarí S.A.C., que suman más de 28 mil hectáreas. Esta decisión ha generado conflictos sociales en el norte del país, porque se trata de un territorio no apto para la explotación de recursos naturales. La agricultura, ganadería, el agua, y la subsistencia del ecosistema correrían peligro inminente, con serias consecuencias irreversibles.

 

El otorgamiento de concesiones no puede darse al margen de la consulta a las comunidades que habitan en territorios donde éstas se ubican, o en su defecto hacer caso omiso a las consultas llevadas a cabo en las principales poblaciones que serían afectadas directamente.

 

Frente a estos acontecimientos, la “Plataforma Q’atary Perú”, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar lo siguiente:

 

1.      Manifestar nuestra profunda preocupación por la autorización de 35 concesiones mineras, sobretodo en zonas fronterizas, a consorcios mineros extranjeros que se vienen posicionando en el territorio peruano.

 

2.      Pedir a las autoridades competentes (Ministerio de Energía y Minas) que explique las razones que los llevó a declarar de necesidad pública la inversión privada en minería en dichas zonas fronterizas, y si en su evaluación se consideró la posibilidad de desarrollo de un proyecto transfronterizo, el mismo que podría tener un grave impacto ambiental y social así como vulnerar, directa e indirectamente, en la seguridad nacional.

 

3.      Reiterar que el principio de autoridad pasa por hacer que el gobierno dé respuesta oportuna a sus ciudadanos y proteja los derechos de peruanos que se sienten amenazados. Las concesiones no pueden ser otorgadas, según lo establecido por ley, sin la consulta previa y la aceptación de las comunidades de la zona que será entregada en concesión. Es paradójico que el gobierno dé concesiones y sea complaciente con la empresa Río Blanco Cooper S.A., quien no cuenta con el permiso de los propietarios de las tierras en donde opera, pero además, no tienen regularizados a la fecha los derechos mineros necesarios para explorar los recursos mineros.

 

4.      Denunciar enérgicamente, que estas poblaciones, el año 2005, en su intento de hacer escuchar sus preocupaciones, han sido duramente reprimidos. Conmovedor e indignante saber que un grupo de pobladores fueron secuestrados y torturados presuntamente por miembros de la policía nacional y agentes de seguridad privada de la empresa minera MAJAZ (hoy Río Blanco) en las instalaciones del campamento minero, con la anuencia de algunas autoridades. Exigimos rotundamente la investigación de estas violaciones a los derechos humanos y la identificación y sanción de sus responsables.

 

5.      Exigimos que se profundicen las prácticas democráticas y el respeto por la vigencia de los derechos ciudadanos. Además, debe garantizarse el uso sostenible de nuestros recursos  y fortalecerse la institucionalidad pública para atender las demandas y reclamos de las poblaciones afectadas por la expansión de las industrias extractivas.

MENTIRA Y DOBLE MORAL

Por: Jans Cavero Cárdenas

cavero.je1@pucp.edu.pe

 

La mentira y la doble moral son dos gérmenes que están institucionalizados en el país. Mienten los políticos tradicionales, miente el gobierno, mienten los partidos, y mienten algunos malos ciudadanos.  El caso de Ingrid Suárez, candidata de García Pérez a contralora, evidencia una burda mentira de quien pretendía controlar la buena gestión pública de las entidades estatales. Desnuda también la doble moral de quienes avalaron a la susodicha. Pero, ¿qué podemos esperar de una persona si el partido de gobierno ha mentido?, ¿porqué la mentira de Suárez escandaliza y no así las mentiras del APRA?

 

El incumplimiento de compromisos preelectorales es a todas luces un engaño a la ciudadanía, una vil mentira que día a día se va consumando. La lucha contra la corrupción, por ejemplo, no ha sido la excepción. El plan de gobierno del APRA (2006-2011) señala literalmente: “Proponer que el Contralor General de la República sea nombrado por el Congreso a propuesta de una terna presentada por los grupos políticos de oposición”.  ¿Por qué Alan García propuso a su candidata?; ¿en mérito a qué el Ejecutivo designó a una comisión evaluadora? ¿No estamos ante una mentira del Gobierno? Sin duda.

 

El diario “La Primera” alertó las irregularidades del proceso de selección y la conducta delictiva de Ingrid Suárez, no obstante, el gobierno y la Comisión Permanente del Congreso hicieron caso omiso, llevando al país a la peor vergüenza pública, sin parangón alguno. Días después de la elección,  documentos fidedignos desnudaron a Ingrid Suárez. ¿Era difícil esperar unos días para cerciorarse de la veracidad documental? No. La directiva presidencial era clara: Elegir cuanto antes a una contralora afín al gobierno. 

 

Cuando todo está consumado y la verdad sale a la luz, la doble moral no tarda en llegar: Mulder y Cabanillas se horrorizan y asienten suspender la designación; los fujimoristas y la derecha silencio total, al igual que la comisión Webb, declarado incompetente en la selección de personal. Yehude respalda la denuncia interpuesta a Suárez, pero se guarda los tremendos desaciertos de su gestión como premier.

 

El Perú padece doble moral y mentira. Por eso Genaro Delgado llama corrupto a Schutz; por eso Lúcar y Álamo Pérez hacen televisión libre; por eso la corrupción de los petroaudios es insignificante al lado del chupones; por eso García llama rata a Rómulo León; y por eso Raffo y Del Castillo son más amigos que nunca.

 

La Contraloría seguirá acéfala hasta nuevo aviso. ¿El APRA dejará en manos de la oposición la selección del nuevo contralor?    

“Búfalos” en Barcelona (*)

La primera semana de diciembre y con cierta aprehensión, distribuimos un díptico que decía: La Plataforma Q’atary Perú (PQP), le invita a la conferencia “Corrupción y Libertad de Expresión en el Perú” (Alan García y el “Petrogate”).

Los peruanos residentes en Barcelona que recientemente formamos la PQP, tras el Petrogate, y antes de lo deseado, organizamos nuestro primer acto público. Nos preocupa la impunidad de la corrupción en el país, pero más aún la creciente represión a periodistas, ONGs, sindicatos, intelectuales, y a todos los que Alan García califica de perros de hortelano: “minorías” que son carne de cañón de modelos económicos transnochados y de violentas represiones.

En el local del Sindicat de Periodistes de Catalunya, del que soy dirigente, y tras solidarizarnos con César Lévano por las amenazas recibidas, intervenimos Ursula Santa Cruz, presidenta de la PQP, quien enumeró los objetivos de la plataforma; Enric Bastardes, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas española, explicando los problemas que para la libertad de expresión genera la concentración de la propiedad de los medios; Jans Cavero, candidato a Doctor en Gobierno de la Universidad de Madrid, dedicando unos minutos al Petrogate; y en mi turno expuse, brevemente, sobre la persecución de, y agresión a, ONGs, sindicalistas, religiosos progresistas, medioambientalistas y periodistas, mencionando el asesinato de Miguel Pérez Julca, el escándalo del despido de Fernando Ampuero y Pablo O’Brien de “El Comercio” y de Augusto Álvarez Rodrich de “Perú.21”, por el Petrogate, y el cierre de radio Caplina y radio Orión, y la agresión a radio Cutivalú. Destaqué la solidaridad de los mejores columnistas de “Perú.21”, algunos de ellos amigos entrañables, que renunciaron.

Ubicado a sólo media cuadra de la céntrica Plaza Cataluña, el local del sindicato quedó pequeño. Muchos peruanos, y catalanes, preocupados por los informes sobre corrupción, llenaron la sala principal y dos pequeñas salas contiguas. En posiciones “estratégicas”, se ubicaron militantes apristas. Nuestras exposiciones fueron breves, para ceder la palabra a los asistentes, pero los seguidores de García trataron de sabotear la reunión acaparando el uso de la palabra, negándose a preguntar y acusándonos a los expositores de parciales.

Los asistentes reaccionaron y a gritos obligaron a los apristas a callarse. Por un momento pareció que se pasaría al combate físico. Pero los otros apristas, los de la sonrisa y la buena educación, es decir, el otro cañón de la escopeta, hicieron las señas convenidas y los “búfalos” se calmaron.

En Cataluña, nos dijo después un militante de un partido local, los franquistas reventaban las reuniones como lo intentaron hacer los apristas. Quedó en evidencia que la libertad de expresión, con los apristas cerca, es un derecho por el que hay que luchar.

Escrito por Rafael Drinot.
Columnista del diario La Primera (Perú) y miembro de la Plataforma Q’atary Perú.

(*) Artículo publicado en el diario La Primera, edición online (Lima, 15 de diciembre de 2008).

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LOS PAVOS DEL HORTELANO (Artículo de opinión)

LOS CUERVOS Y PAVOS DEL HORTELANO

Alan García, además de burros y cuervos, tiene pavos que le siguen el juego. No dudan en transfigurarse o poner los ojos en la nuca a fin de conseguir el favor del partido que gobierna, viven girando alrededor de ministros y cónsules más por el interés del acomodo que por convicción. No les importa el desprestigio y la renuncia de un gabinete ministerial implicado en corrupción, igual apegan el pico al curul de los nuevos jefes de gobierno. Y, si éstos se lo piden, no dudarían en apuñalar por la espalda al viejo compañero de partido, al militante honesto que ya no es favorable a los intereses de su secta política.

Son gente que carece de ideas propias y de escrúpulos, no dudarían en prostituirse o sabotear a sus propios hijos con tal de agradar al superior político que tarde o temprano les recompensará. O se dejan llevar por los graznidos de los cuervos y permiten que éstos les laven la cabeza, a cambio de promesas de cargos y poderes, o que les copien sus renuncias a candidaturas de tipo municipal o concejal si con ello obstruyen la realización de un proceso electoral en que avizoran la derrota.

En Barcelona, los pavos fueron manipulados en la oscuridad por una banda de cuervos adjuntos a un señor con cabeza cana y sombra de burro que habita en un salón ministerial. Todos confabulados se regocijaron cuando éste pateó al Comité Electoral, se cargó el proceso de elección del Consejo de Consulta y despreció a la comunidad entera. Hizo lo que quiso, sin sospechar que existe la verdad más allá de la mentira. La hipocresía moral parece ser su bandera. Y, rutinario, hace creer a todos que el Ministerio de Exteriores piensa por él o igual que él. Nos preguntamos ¿Qué sucederá el 25 de enero de 2009? ¿Volverán a boicotear la elección del Consejo de Consulta? ¿O pretenderán engañarnos con un Comité Electoral y unos candidatos puestos allí por el señor del pelo blanco y la mano negra?

La corrupción, el boicot y la traición son las armas de destrucción masiva de la gente de Alan García, como si esto les fuera necesario para vivir. Ellos no son ya los verdaderos ni los dignos representantes de los apristas, sino de una facción de ese partido cuyos principios fundamentales han traicionado para ponerse al lado de los grupos de poder ligados al interés económico. ¿Dónde quedó la lucha contra el imperialismo yanqui? Ahora se empeñan en obedecer los dictámenes de un capitalismo decadente cuya estructura se cae por pedazos, pero que ellos se empecinan en recoger como si todavía les fuera útil. Sin virtudes ni dignidad, se han vuelto obtusos, y prefieren ir como los cangrejos resistiéndose a creer que el futuro va hacia delante. Tampoco les interesa el bienestar del pueblo sino el acomodo de su camarilla.

La propuesta aprista de llegar al poder para transformar el Estado a partir de su fuerza de vanguardia, la unión de los trabajadores manuales e intelectuales, y siguiendo un programa político con cinco puntos básicos –hoy totalmente trastocados– parece estar destinada al fracaso. Y, aún más, con un gobierno corrupto y vende patria que permite el expolio de las riquezas del Perú a mano de las empresas transnacionales; el oro, la plata, el petróleo, han sido la mercancía de cambio de los gobernantes apristas para enriquecerse. La corrupción aprista es evidente y todo el mundo lo sabe.

A estas alturas, conviene rescatar del olvido la otra vertiente ideológica que ha influido en el proceso de desarrollo político en el Perú, la que impulsó Mariátegui, tras aplicar el Marxismo al estudio de la realidad peruana, con un proyecto contrario al de los apristas, es decir transformar las sociedad desde las bases para llegar al poder mediante la acción unida del pueblo contra las fuerzas dominantes del viejo estado republicano. La opción de cambio, que proclama la izquierda política peruana, a partir de un socialismo moderno, parece ser la mejor alternativa de gobierno futuro para el país.

Alan García y sus incompetentes ministros de huerta encabezados por Del Castillo, el cónsul de Perú en Barcelona Miguel Palomino, sus viles cuervos y pavos que medran aferrándose al poder, deberían renunciar por completo a ocupar las esferas del gobierno, pues con su disposición al boicot premeditado al fraude y la corrupción inmoral no sólo están lapidando el prestigio del partido que los eligió sino que están demostrando que sólo sirven para hacer daño a los peruanos honestos que trabajan, ya sea dentro como fuera del país, por el bienestar de sus familias y por el desarrollo del Perú.

Jorge Varas
Escritor

Barcelona 14 diciembre 2008

Disclaimer/Aviso Legal: Las opiniones vertidas en este artículo pertenecen únicamente a su autor. Plataforma Q’atary Perú no se responsabiliza por la exactitud y verosimilitud de estas opiniones y declina toda responsabilidad por la utilización que se le dé al presente artículo.

PRONUNCIAMIENTO

Como es de conocimiento público, el 02 de noviembre fue fijada la elección del Consejo de Consulta de la comunidad peruana en Barcelona, periodo 2008 – 2009. Sin embargo, 72 horas antes, las elecciones fueron anuladas en virtud a que 7 candidatos, de los 14 inicialmente presentados, renunciaron sorpresivamente. Dicha anulación constituye un atropello arbitrario, una atribución auto-concedida por el propio Consulado, merced a una antojadiza interpretación del reglamento de los consejos de consulta que en ningún artículo otorga dicha facultad al Cónsul o al Consulado.

Los consejos de consulta son instituciones participativas y representativas de las comunidades peruanas en el exterior, cuya tarea fundamental es garantizar la prestación de servicios consulares de calidad en coordinación con los consulados, velando por los derechos de nuestros compatriotas cuando éstos no reciben protección debida de sus autoridades, o se encuentran en completa indefensión.

Cabe agregar que la elección de estos consejos obedece a un mandato normativo, a través del cual los consulados convocan a la comunidad peruana para designar por sorteo a los miembros del comité electoral. Una vez instaurado el Comité, goza de autonomía e independencia para llevar adelante el proceso electoral, no habiendo por encima de ella entidad pública que ejerza dicha competencia.

En un contexto de participación social, la no presencia de 10 candidatos no puede ni debe ser causal de anulación, sino debe dar paso a una elección complementaria en el que se elija a los consejeros restantes para completar, de ese modo, el número exigido por la normativa. El Consulado y en su defecto la Cancillería no han dado las explicaciones por dicho comportamiento vulnerador del propio derecho de participación ciudadana y de convivencia democrática.

En base a tales considerandos, Plataforma Q’atary Perú:

1. Demanda que el Cónsul Miguel Palomino explique los fundamentos legales y jurídicos que sustentan la anulación de las elecciones al Consejo de Consulta y que legitima la vulneración de la autonomía del Comité Electoral. Asimismo, el Consulado como organismo público dependiente del sector relaciones exteriores, debe publicar el documento oficial por el que la Cancillería habría sido el directo responsable de dicha arbitrariedad. Los ciudadanos peruanos tenemos el derecho fundamental de acceso a información pública prevista por la ley.

2. Demanda que tanto Relaciones Exteriores como el Consulado Peruano en Barcelona ofrezcan disculpas públicas por dicha actitud y se comprometan a trabajar eficientemente para mejorar la prestación de servicios consulares. Ambas entidades se sostienen con presupuesto público y deben entender que están para servir a la comunidad de peruanos en el exterior.

3. Hace un llamado a toda la Comunidad Peruana en Barcelona para exigir al Consulado una reunión y coordinar las acciones necesarias tendientes a una nueva convocatoria a elecciones. Dicha convocatoria debe obedecer a una adecuada planificación, resultado de un proceso concertado, y no a una decisión unilateral.

4. Invoca a los ciudadanos peruanos, organizados o no, a las asociaciones y federaciones de entidades peruanas en el exterior, a los más de 80 consejos de consulta, a organizaciones internacionales de protección de derechos humanos, a sumarse a nuestra protesta. La solidaridad de todos es necesaria para frenar comportamientos que no se condicen con un espíritu democrático.

5. Exige a las autoridades públicas del Perú, Congreso de la República, Defensoría del Pueblo y demás, a emplazar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que explique los fundamentos del caso. Los peruanos residentes en Barcelona no pueden quedar en completa indefensión, como tampoco pueden ser víctimas de un manejo consular partidista y deficiente.

6.Finalmente, convoca a la Comunidad Peruana en Barcelona a presentar candidatos al próximo Consejo de Consulta. El contexto actual exige candidatos no apristas, transparentes y dispuestos a trabajar. Sólo sirviendo de control al Consulado se pueden garantizar servicios consulares eficientes y evitar arbitrariedades como las ocurridas recientemente.

Barcelona, 19 de noviembre de 2008