Los integrantes de la Plataforma Q’atary Perú demandan:

1) El cese inmediato de la represión policial y militar en la Amazonía y demás lugares declarados en estado de emergencia. Demandamos  la restitución inmediata de  las  garantías constitucionales  en  la zona en conflicto, la  aclaración de los hechos ocurridos el  05 de  junio (con la irreparable pérdida de vidas humanas),el cese de la persecución a los ciudadanos, el sinceramiento oficial en el número de víctimas civiles caídas, así como  la transparencia respecto a las condiciones de  las  personas  detenidas  por las autoridades policiales y militares.

2) Exigimos el reconocimiento y respeto de  los  derechos  de  los  pueblos  amazónicos, de los habitantes de la Amazonía, de su identidad cultural, de su soberanía y que su opinión sea tomada en cuenta en espacios de diálogo entre el gobierno peruano y las comunidades amazónicas, de acuerdo al Convenio OIT 169 sobre pueblos indígenas y tribales.

3) Exhortamos al gobierno peruano rectificar sus decisiones políticas unilaterales respecto a los TLC suscritos, al uso y control responsable de los recursos naturales, a la gestión de los conflictos sociales. Demandamos al Parlamento del Perú a ejercer el control de los decretos legislativos inconstitucionales, aprobados por el Ejecutivo en el marco del TLC con USA. Asimismo, invocamos a la Defensoría del Pueblo y a otras entidades que posean legitimidad activa para demandar la inconstitucionalidad de tales decretos ante el Tribunal Constitucional.

4) Reiteramos a las autoridades jurisdiccionales su deber de evaluar las responsabilidades y consecuencias nefastas que acontecimientos como los acaecidos generan en desmedro de los intereses del país y de los ciudadanos. El Poder Ejecutivo debe abstenerse de usurpar competencias de otras entidades públicas, garantizar la independencia del Poder Judicial e implementar políticas eficaces para gestionar los conflictos sociales, con respeto pleno de los derechos humanos.

4) Instamos a los peruanos residentes en Cataluña y del Estado Español, así como a las instituciones públicas y privadas de la comunidad internacional a solidarizarse y movilizarse por las reivindicaciones de los pueblos tradicionalmente postergados y excluidos, el respeto a la vida humana y el medio ambiente.

Barcelona, 08 junio de 2009

Como consecuencia de esta intervención, se habrían producido víctimas mortales y numerosos heridos tanto entre la población civil como entre los efectivos policiales. Además, se ha producido una situación de caos en la ciudad, con expresiones de desborde violento por parte de manifestantes, frente a lo cual las autoridades habrían perdido el control de la situación y se estaría incurriendo en un uso desproporcionado de la fuerza que estaría produciendo nuevas víctimas.

Expresamos nuestra profunda consternación por informaciones sobre el número de víctimas. Asimismo, sobre la presunta detención de civiles que podrían estar siendo remitidos a la Base Militar “El Milagro”, inmediata a Bagua, lo cual sería ilegal.

Solicitamos de manera urgente e inmediata a las autoridades que dispongan medidas inmediatas que permitan el cese de la violencia y restablecer el orden público con pleno respeto a la ley y las garantías constitucionales, y pleno respeto a los derechos humanos. En consecuencia, es imperativo que las autoridades no se excedan en el uso de la fuerza. Asimismo hacemos un llamado a respetar y no atacar a los efectivos de la Policía Nacional.

Igualmente es urgente atender la emergencia surgida por el gran número de heridos, reforzando los recursos hospitalarios de Bagua y facilitando el traslado de los más graves a otros centros del país.

Asimismo, es necesario que las autoridades políticas del gobierno nacional inicien una negociación seria con los dirigentes de las comunidades nativas que se encuentran en conflicto desde hace más de 50 días.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha enviado una carta urgente al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a otras entidades internacionales, poniendo en su conocimiento los graves hechos de Bagua e invocando su intervención ante las autoridades peruanas a fin de asegurar el cese de la violencia sin perujuicio de respetar los derechos humanos

La Defensoría del Pueblo advirtió hace mucho tiempo del alto riesgo de estallido de conflictos sociales generados por situaciones de abuso y violencia contra los sectores sociales excluidos, como son los pobladores de nuestra amazonía. Invocó a las autoridades gubernamentales diálogo y transparencia en las negociaciones de solución, respetando los derechos constitucionales de las personas y los sectores sociales organizados.

La soberbia y el autoritarismo, cobijados en el fundamentalismo ideológico del “mercado perfecto”, ganaron a nuestras autoridades ejecutivas y del parlamento. Hoy asistimos a una tragedia, donde los hombres del pueblo, como son los pobladores nativos, agricultores, policías y ronderos han perdido la vida.

En estas circunstancias de dolor, el Gobierno Central, el Parlamento, los partidos políticos, las organizaciones sociales de la amazonía, el Episcopado Peruano, y también los empresarios, están obligados a efectuar  el mayor esfuerzo para comprender y atender las demandas sociales de la población amazónica.

Las familias cafetaleras y cacaoteras compartimos con los hermanos nativos la dolorosa exclusión social y económica que se aplica ciegamente en nuestro país. Somos testigos de los diálogos improductivos que durante años se realizan con nuestras autoridades, debido a la política económica excluyente que aplican los gobernantes. Es hora que cambiemos la soberbia y autoritarismo por la cohesión social de todos los peruanos.

Las inversiones privadas son bienvenidas, pero sin  despojar derechos, ni contaminar el medioambiente. Los beneficios que genere la explotación de los recursos naturales deben alcanzar a todos los peruanos, y no exclusivamente a los “rentistas”.

Demandamos a gobernantes y gobernados practiquemos la cultura del diálogo, con  soluciones que disminuyan la exclusión social en nuestro país.

Consejo Directivo

Junta Nacional del Café

Lima, 5 de junio de 2009

cavero.je1@pucp.edu.pe

El gobierno aprista ha teñido de sangre la Amazonía peruana. Decenas de caídos en Bagua, 22 policías y un número indeterminado de nativos civiles, es el resultado de la incapacidad del Poder Ejecutivo para implementar políticas públicas en gestión de conflictos sociales. La respuesta de Alan García, simplista como siempre, ha sido la asunción de una conspiración contra la democracia y el orden político. La teoría de la conspiración, al estilo Bush, y su ya conocida filosofía del perro del hortelano, constituyen el nuevo pensamiento García.

En nombre del TLC con USA, por el que se aprobaron decretos legislativos inconstitucionales, se han perdido vidas humanas. Rememorando el decreto criminal, DL 982, miembros de la policía nacional desenfundaron sus armas para instaurar orden y autoridad, ignorando la posibilidad de ejercer objeción de consciencia ante órdenes superiores arbitrarias. Finalmente, en nombre de un ejercicio ilimitado de participación política (bloqueo de carreteras), ciudadanos nativos han apelado a la fuerza para repeler el ataque, sin advertir que la venganza no es la mejor respuesta para dirimir conflictos.

El gobierno, usurpando funciones jurisdiccionales, ha encontrado responsabilidad en Pizango, declarándolo culpable directo. Lo peor de todo es que lo acontecido demuestra una vez más la discriminatoria aplicabilidad de la ley. Por tratarse de Pizango, un dirigente nativo, la policía, fiscalía y judicatura, trabajaron las 24 horas del día para ordenar su captura y detención. Que nobles serían estas instituciones para actuar con la misma celeridad, eficacia y voluntad, contra políticos corruptos, ladrones de cuello blanco, empresarios mafiosos y delincuentes ordinarios.

Pero no, la igualdad en la aplicación de la ley es aún un principio ajeno a la realidad del Perú. Por ello, para el gobierno hay un solo responsable en esta masacre. ¿Quién responde por la provocación policial y la muerte de nativos? Sin duda alguna, el presidente García, el primer ministro y la ministra responsable del sector. No obstante, García no tiene responsabilidad penal durante su mandato ni mucho menos responsabilidad política; Yehude Simon tiene responsabilidad política, la cual se concretaría si es censurado por el Parlamento.

Cabanillas, al igual que Simon, tiene la confianza presidencial a pesar de su denotada incompetencia al frente de su sector. La diferencia es que la confianza de García a la “Tatcher” aprista es su incondicional parentesco partidario, mientras que lo de Yehude obedece a una cuestión perversamente utilitarista. Recordemos que el primer ministro ya tiene en su prontuario político una vergonzosa vacancia y podría esperarle un voto de censura por los sucesos del VRAE, Bagua y Puno. Asistimos al final de su carrera política, quizá por falta de olfato político, ingenuidad, ineptitud, o exacerbada ambición de poder.

Velásquez Quesquén es responsable solidario de esta historia negra. Su triste papel al frente del Parlamento, postergando el debate del decreto 1090, ha contribuido a este fatal desenlace. Miente cuando afirma que sólo el Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucional una ley o una norma con rango de ley, cuando el reglamento congresal (Arts. 5, 90 y 91) le otorga potestad al legislativo para ejercer control político de decretos de urgencia y decretos legislativos.

El fantasma del Frontón persigue y perseguirá a García por el resto de sus días. Concluido su mandato en julio del 2011 debería aplicársele la doctrina de la autoría mediata, por haber rubricado decretos represores en su calidad de jefe de gobierno y jefe supremo de las fuerzas armadas y policía nacional. Lo de Bagua no es nuevo. El 2008, durante la gestión de Alva Castro, fueron asesinados 2 campesinos ayacuchanos; y en el 2007 hubo secuestros y torturas en Majaz. En un contexto de criminalización de la protesta social, no sería extraño que más ciudadanos sigan cayendo. Bogotá o París le esperan a García, aunque sería mejor La Haya.

* Integrante de la Plataforma Q’atary Perú

Consideramos que el  fallo es  histórico por ser  la  primera  vez  que  se juzga  y  se   condena a un ex mandatario por violación de DDHH, en  un  proceso llevado a  cabo   de forma  impecable sentando  jurisprudencia.

Esta condena constituye en  primer lugar un  acto de reparación moral para los  familiares  de las víctimas, recuperación de la  confianza  en  la  justicia y la dignidad de  todos los  peruanos.

En  un Estado  de derecho no se puede  hacer  uso  de  la  violencia para  combatir la  violencia, “el fin no  justifica  los medios”, existen  en  la  sociedad otros mecanismos  para  abordarlas, garantizando así la  institucionalidad democrática.

Los  peruanos debemos conocer la  verdadera historia de  este  periodo de  violencia ocurrido  entre  los años 1980 y 2000. Los juicios pendientes por violaciones a los derechos humanos en el Perú no deben  quedar impunes, es  necesario reparar a  las  víctimas, subsanar  las  heridas,  y construir  un  país con equidad y  justicia  social para  que  la  historia  no se repita.

Plataforma Q’atary Perú

Barcelona,  Abril de 2009

Recientemente, dos lamentables sucesos han enlutado al departamento de Ayacucho: La emboscada de dos patrullas militares en el VRAE y la caída de un puente colgante en Cora Cora mientras transitaban escolares. La pérdida de 24 vidas humanas trae a colación las siguientes interrogantes: ¿Por qué siempre los más desprotegidos?; ¿por qué siempre se actúa a posteriori, cuando los hechos ya se han consumado?; ¿es imposible anticiparse a los acontecimientos?; ¿los sucesos cotidianos son siempre imprevisibles?

Los gobiernos están hechos para gobernar. Su tarea es gestionar a través de políticas públicas el bienestar, la seguridad, educación y salud de sus ciudadanos. Ciertamente no todo acontecimiento se puede prever con antelación, pero hay supuestos previsibles que demandan actuaciones gubernamentales oportunas. A pesar de tales supuestos, la respuesta de algunos gobiernos se traduce en inacción e indiferencia. Lo peor de todo es que sucesos que saben a hiel no se asumen como lección sino como algo fortuito.

Lo del VRAE es algo previsible desde hace varios años. Después de que el Valle del Huallaga perdió hegemonía geoestratégica, narcotraficantes y terroristas se han asentado en VRAE, cuya ventaja no sólo radica en la presencia de zonas inhóspitas (Vizcatán por ejemplo), sino en la multiplicidad de lugares para desarrollar acciones y lograr objetivos estratégicos insanos. Se han suscitado emboscadas en Tintaypunco (Huancavelica) y en Ayahuanco (Ayacucho). Podrían suscitarse emboscadas posteriores en Pangoa (Junín); Pichari o Quimbiri (Cusco); Sivia, Llochegua, Santa Rosa o San Francisco (Ayacucho).

Frente a tal desbordamiento, la respuesta del gobierno ha sido simplista, inefectiva e improvisada: Sangre y fuego contra los narcoterroristas. Está demostrado que el empleo de las armas no es el mejor instrumento para acabar con este flagelo. Colombia no puede derrotar a las FARC y al narcotráfico por su ceguera confianza en el “Plan Colombia”; la política antiterrorista de Estados Unidos en Irak y Afganistán es un fracaso evidente.

Urgen medidas mejor pensadas, basadas en inteligencia y contrainteligencia, gracias a las cuales, por ejemplo, España y Francia están ganándole la batalla a ETA. A ello se suman medidas coordinadas y planificadas por diferentes sectores gubernamentales, cuyo seno albergue especialistas y expertos reputados. Por el contrario, Ántero Flores Araoz y Mercedes Cabanillas son inimputables para el cargo que ostentan. Para ellos, la solución al problema radica en el aumento de contingentes militares, la declaratoria de emergencia, el establecimiento de medidas represoras, la fumigación indiscriminada de cultivos de hoja de coca, o el ingreso de tropas extranjeras a la zona.

En lo que respecta a la tragedia de Cora Cora, la responsabilidad es solidaria entre el gobierno nacional y el gobierno regional. La oficina desconcentrada del Ministerio de Transportes en Ayacucho está pintada, y el presidente del gobierno regional, Ernesto Molina, es incapaz de liderar la dirección regional de transportes y ejecutar políticas públicas de este y otros sectores. Su reciente dedicación apadrinando “Pascua de Resurrección”, encumbran a Molina como competente para estas faenas, no así para dirigir tareas gubernamentales.

El Ministerio de Transportes debería tener un inventario de puentes colgantes y puentes ordinarios transitados en la actualidad. No sólo el departamento de Ayacucho tiene puentes de esta naturaleza. Pensemos en Cusco, Huancavelica, Apurímac, por citar algunos casos de entre las múltiples jurisdicciones rurales que tiene la sierra del país. Ciertamente, no sólo se trata de tener un registro de ubicación, sino de mantenimiento y mejora, de carga tolerable, de estado situacional, y de control.

En la “Panamericana Sur” existe un peaje de control de carga máxima para grandes unidades de transporte, sin embargo, no existe ninguna garita similar a lo largo de toda la “Vía Libertadores”, desde San Clemente (Pisco) hasta Huamanga. Ello es preocupante porque transitan diariamente camiones de gran tonelaje, no siendo extraño que alguno de los puentes -de los varios que tiene la vía- colapse, sobretodo aquellos que están en las proximidades de Huaytará (Huancavelica), zona de fallas geológicas.

Se han perdido vidas humanas inocentes. El “Plan VRAE” no existe ni en el papel, como bien argumentó Ricardo Soberón. El Parlamento debería pasar de la retórica a la acción, de la estación de preguntas a la censura del ministro de defensa. En países desarrollados, con Estados democráticos sólidos, la muerte de una persona, por acontecimientos previsibles y omisión gubernamental, haría caer al ministro del sector. Aquí no pasa nada. Borrón y cuenta nueva.

Un juicio que después de 17 años de larga espera, miedo, persecución, lucha y tenacidad, por parte de los familiares y de los activistas de los DDHH esta a punto de culminar.

En este contexto la Plataforma Q’atary Perú se dirige a la comunidad peruana e internacional para expresar lo siguiente:

1. Nuestro recuerdo a las víctimas y solidaridad con los familiares y sobrevivientes quienes esperan como mínimo una reparación moral y una sanción ejemplar que les devuelva la confianza en la justicia peruana.

2. Ante Gobernantes que de manera sistemática vulneran los derechos humanos empleando políticas criminales (asesinatos, desapariciones, torturas, operativos psicosociales, etc) los ciudadanos no debemos ser indiferentes ni permisivos. El poder que otorgamos con nuestro voto no es un cheque en blanco, hemos de vigilar y censurar sin contemplaciones cualquier acción amparada por “políticas exitosas” que vulnere los derechos humanos.

3. Reivindicamos el papel de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que es un legado para nosotros y las futuras generaciones, para tomar conciencia de lo que paso y por qué pasó en esta etapa de violencia que nos tocó vivir y que nos permita construir un país con equidad y justicia social.

4. Exigimos una sentencia firme y justa que contribuya a recuperar la confianza en las relaciones entre peruanos y en nuestras instituciones tan duramente dañadas, devolviendo la credibilidad en los poderes políticos, en el sistema judicial y en la democracia.

El otorgamiento de concesiones no puede darse al margen de la consulta a las comunidades que habitan en territorios donde éstas se ubican, o en su defecto hacer caso omiso a las consultas llevadas a cabo en las principales poblaciones que serían afectadas directamente.

Frente a estos acontecimientos, la “Plataforma Q’atary Perú”, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar lo siguiente:

1.      Manifestar nuestra profunda preocupación por la autorización de 35 concesiones mineras, sobretodo en zonas fronterizas, a consorcios mineros extranjeros que se vienen posicionando en el territorio peruano.

2.      Pedir a las autoridades competentes (Ministerio de Energía y Minas) que explique las razones que los llevó a declarar de necesidad pública la inversión privada en minería en dichas zonas fronterizas, y si en su evaluación se consideró la posibilidad de desarrollo de un proyecto transfronterizo, el mismo que podría tener un grave impacto ambiental y social así como vulnerar, directa e indirectamente, en la seguridad nacional.

3.      Reiterar que el principio de autoridad pasa por hacer que el gobierno dé respuesta oportuna a sus ciudadanos y proteja los derechos de peruanos que se sienten amenazados. Las concesiones no pueden ser otorgadas, según lo establecido por ley, sin la consulta previa y la aceptación de las comunidades de la zona que será entregada en concesión. Es paradójico que el gobierno dé concesiones y sea complaciente con la empresa Río Blanco Cooper S.A., quien no cuenta con el permiso de los propietarios de las tierras en donde opera, pero además, no tienen regularizados a la fecha los derechos mineros necesarios para explorar los recursos mineros.

4.      Denunciar enérgicamente, que estas poblaciones, el año 2005, en su intento de hacer escuchar sus preocupaciones, han sido duramente reprimidos. Conmovedor e indignante saber que un grupo de pobladores fueron secuestrados y torturados presuntamente por miembros de la policía nacional y agentes de seguridad privada de la empresa minera MAJAZ (hoy Río Blanco) en las instalaciones del campamento minero, con la anuencia de algunas autoridades. Exigimos rotundamente la investigación de estas violaciones a los derechos humanos y la identificación y sanción de sus responsables.

5.      Exigimos que se profundicen las prácticas democráticas y el respeto por la vigencia de los derechos ciudadanos. Además, debe garantizarse el uso sostenible de nuestros recursos  y fortalecerse la institucionalidad pública para atender las demandas y reclamos de las poblaciones afectadas por la expansión de las industrias extractivas.