Jans Erik Cavero Cárdenas *
El gobierno aprista ha teñido de sangre la Amazonía peruana. Decenas de caídos en Bagua, 22 policías y un número indeterminado de nativos civiles, es el resultado de la incapacidad del Poder Ejecutivo para implementar políticas públicas en gestión de conflictos sociales. La respuesta de Alan García, simplista como siempre, ha sido la asunción de una conspiración contra la democracia y el orden político. La teoría de la conspiración, al estilo Bush, y su ya conocida filosofía del perro del hortelano, constituyen el nuevo pensamiento García.
En nombre del TLC con USA, por el que se aprobaron decretos legislativos inconstitucionales, se han perdido vidas humanas. Rememorando el decreto criminal, DL 982, miembros de la policía nacional desenfundaron sus armas para instaurar orden y autoridad, ignorando la posibilidad de ejercer objeción de consciencia ante órdenes superiores arbitrarias. Finalmente, en nombre de un ejercicio ilimitado de participación política (bloqueo de carreteras), ciudadanos nativos han apelado a la fuerza para repeler el ataque, sin advertir que la venganza no es la mejor respuesta para dirimir conflictos.
El gobierno, usurpando funciones jurisdiccionales, ha encontrado responsabilidad en Pizango, declarándolo culpable directo. Lo peor de todo es que lo acontecido demuestra una vez más la discriminatoria aplicabilidad de la ley. Por tratarse de Pizango, un dirigente nativo, la policía, fiscalía y judicatura, trabajaron las 24 horas del día para ordenar su captura y detención. Que nobles serían estas instituciones para actuar con la misma celeridad, eficacia y voluntad, contra políticos corruptos, ladrones de cuello blanco, empresarios mafiosos y delincuentes ordinarios.
Pero no, la igualdad en la aplicación de la ley es aún un principio ajeno a la realidad del Perú. Por ello, para el gobierno hay un solo responsable en esta masacre. ¿Quién responde por la provocación policial y la muerte de nativos? Sin duda alguna, el presidente García, el primer ministro y la ministra responsable del sector. No obstante, García no tiene responsabilidad penal durante su mandato ni mucho menos responsabilidad política; Yehude Simon tiene responsabilidad política, la cual se concretaría si es censurado por el Parlamento.
Cabanillas, al igual que Simon, tiene la confianza presidencial a pesar de su denotada incompetencia al frente de su sector. La diferencia es que la confianza de García a la “Tatcher” aprista es su incondicional parentesco partidario, mientras que lo de Yehude obedece a una cuestión perversamente utilitarista. Recordemos que el primer ministro ya tiene en su prontuario político una vergonzosa vacancia y podría esperarle un voto de censura por los sucesos del VRAE, Bagua y Puno. Asistimos al final de su carrera política, quizá por falta de olfato político, ingenuidad, ineptitud, o exacerbada ambición de poder.
Velásquez Quesquén es responsable solidario de esta historia negra. Su triste papel al frente del Parlamento, postergando el debate del decreto 1090, ha contribuido a este fatal desenlace. Miente cuando afirma que sólo el Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucional una ley o una norma con rango de ley, cuando el reglamento congresal (Arts. 5, 90 y 91) le otorga potestad al legislativo para ejercer control político de decretos de urgencia y decretos legislativos.
El fantasma del Frontón persigue y perseguirá a García por el resto de sus días. Concluido su mandato en julio del 2011 debería aplicársele la doctrina de la autoría mediata, por haber rubricado decretos represores en su calidad de jefe de gobierno y jefe supremo de las fuerzas armadas y policía nacional. Lo de Bagua no es nuevo. El 2008, durante la gestión de Alva Castro, fueron asesinados 2 campesinos ayacuchanos; y en el 2007 hubo secuestros y torturas en Majaz. En un contexto de criminalización de la protesta social, no sería extraño que más ciudadanos sigan cayendo. Bogotá o París le esperan a García, aunque sería mejor La Haya.
* Integrante de la Plataforma Q’atary Perú
