Jans Erik Cavero Cárdenas
Recientemente, dos lamentables sucesos han enlutado al departamento de Ayacucho: La emboscada de dos patrullas militares en el VRAE y la caída de un puente colgante en Cora Cora mientras transitaban escolares. La pérdida de 24 vidas humanas trae a colación las siguientes interrogantes: ¿Por qué siempre los más desprotegidos?; ¿por qué siempre se actúa a posteriori, cuando los hechos ya se han consumado?; ¿es imposible anticiparse a los acontecimientos?; ¿los sucesos cotidianos son siempre imprevisibles?
Los gobiernos están hechos para gobernar. Su tarea es gestionar a través de políticas públicas el bienestar, la seguridad, educación y salud de sus ciudadanos. Ciertamente no todo acontecimiento se puede prever con antelación, pero hay supuestos previsibles que demandan actuaciones gubernamentales oportunas. A pesar de tales supuestos, la respuesta de algunos gobiernos se traduce en inacción e indiferencia. Lo peor de todo es que sucesos que saben a hiel no se asumen como lección sino como algo fortuito.
Lo del VRAE es algo previsible desde hace varios años. Después de que el Valle del Huallaga perdió hegemonía geoestratégica, narcotraficantes y terroristas se han asentado en VRAE, cuya ventaja no sólo radica en la presencia de zonas inhóspitas (Vizcatán por ejemplo), sino en la multiplicidad de lugares para desarrollar acciones y lograr objetivos estratégicos insanos. Se han suscitado emboscadas en Tintaypunco (Huancavelica) y en Ayahuanco (Ayacucho). Podrían suscitarse emboscadas posteriores en Pangoa (Junín); Pichari o Quimbiri (Cusco); Sivia, Llochegua, Santa Rosa o San Francisco (Ayacucho).
Frente a tal desbordamiento, la respuesta del gobierno ha sido simplista, inefectiva e improvisada: Sangre y fuego contra los narcoterroristas. Está demostrado que el empleo de las armas no es el mejor instrumento para acabar con este flagelo. Colombia no puede derrotar a las FARC y al narcotráfico por su ceguera confianza en el “Plan Colombia”; la política antiterrorista de Estados Unidos en Irak y Afganistán es un fracaso evidente.
Urgen medidas mejor pensadas, basadas en inteligencia y contrainteligencia, gracias a las cuales, por ejemplo, España y Francia están ganándole la batalla a ETA. A ello se suman medidas coordinadas y planificadas por diferentes sectores gubernamentales, cuyo seno albergue especialistas y expertos reputados. Por el contrario, Ántero Flores Araoz y Mercedes Cabanillas son inimputables para el cargo que ostentan. Para ellos, la solución al problema radica en el aumento de contingentes militares, la declaratoria de emergencia, el establecimiento de medidas represoras, la fumigación indiscriminada de cultivos de hoja de coca, o el ingreso de tropas extranjeras a la zona.
En lo que respecta a la tragedia de Cora Cora, la responsabilidad es solidaria entre el gobierno nacional y el gobierno regional. La oficina desconcentrada del Ministerio de Transportes en Ayacucho está pintada, y el presidente del gobierno regional, Ernesto Molina, es incapaz de liderar la dirección regional de transportes y ejecutar políticas públicas de este y otros sectores. Su reciente dedicación apadrinando “Pascua de Resurrección”, encumbran a Molina como competente para estas faenas, no así para dirigir tareas gubernamentales.
El Ministerio de Transportes debería tener un inventario de puentes colgantes y puentes ordinarios transitados en la actualidad. No sólo el departamento de Ayacucho tiene puentes de esta naturaleza. Pensemos en Cusco, Huancavelica, Apurímac, por citar algunos casos de entre las múltiples jurisdicciones rurales que tiene la sierra del país. Ciertamente, no sólo se trata de tener un registro de ubicación, sino de mantenimiento y mejora, de carga tolerable, de estado situacional, y de control.
En la “Panamericana Sur” existe un peaje de control de carga máxima para grandes unidades de transporte, sin embargo, no existe ninguna garita similar a lo largo de toda la “Vía Libertadores”, desde San Clemente (Pisco) hasta Huamanga. Ello es preocupante porque transitan diariamente camiones de gran tonelaje, no siendo extraño que alguno de los puentes -de los varios que tiene la vía- colapse, sobretodo aquellos que están en las proximidades de Huaytará (Huancavelica), zona de fallas geológicas.
Se han perdido vidas humanas inocentes. El “Plan VRAE” no existe ni en el papel, como bien argumentó Ricardo Soberón. El Parlamento debería pasar de la retórica a la acción, de la estación de preguntas a la censura del ministro de defensa. En países desarrollados, con Estados democráticos sólidos, la muerte de una persona, por acontecimientos previsibles y omisión gubernamental, haría caer al ministro del sector. Aquí no pasa nada. Borrón y cuenta nueva.
